Se trata de una batería de leyes que limitará accionares gremiales, luego del conflicto con los aeronáuticos. ¿Qué otros sectores están en la mira con iniciativas similares en línea con el DNU 70/2023?

Tras el conflicto entre el Gobierno nacional y gremios aeronáuticos, los diputados del LLA y PRO -aliados camaleónicos- presentaron un proyecto para declarar “servicio esencial” a la actividad aerocomercial e impedir la paralización del sector. En rigor, son varios los proyectos impulsados para limitar la actividad gremial en línea con el DNU 70/2023 de Javier Milei que declaraba la esencialidad y la importancia trascendental en varios rubros pero fue suspendido por la Justicia.

Recordemos que la semana pasada, por un conflicto salarial, se vio afectada la salida de vuelos de Aeroparque, Ezeiza y otros aeropuertos. Dos diputadas, Laura Rodríguez Machado (PRO) y Pamela Verasay (radicalismo mendocino), presentaron un proyecto para evitar que se pueda repetir una medida de fuerza de manera similar.

“Los que venimos del interior sabemos que la suspensión de un vuelo implica esperas de reprogramaciones que pueden tardar días. Es hora de que podamos legislar en favor del bienestar de cada uno de los argentinos“, dijo Rodríguez Machado.

Con ese pretexto, se presentaron tres proyectos en el Palacio Legislativo que apuntan a restringir la actividad gremial: la -ya mencionada- actividad aerocomercial, el sistema educativo y el transporte público, dentro de una amplia reforma laboral. 

La principal es la presentada en el Senado por el PRO, Cambio Federal y La Libertad Avanza en marzo bajo el número de expediente 0208. Allí los senadores se suman al DNU 70/2023 diseñado por Federico Sturzenegger donde se incorpora una distinción entre servicios esenciales y trascendentales estableciendo un porcentaje de cobertura mínima que, en un caso será del 75% y en el otro del 50%, además, se pliega palabra por palabra a las actividades que son protegidas por el capítulo laboral en el mega DNU suspendido por la Justicia.

En su DNU, el Presidente definía como servicios esenciales a las actividades de importancia “trascendental” que iban desde servicios sanitarios y hospitalarios al transporte y distribución de medicamentos; la producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica; las telecomunicaciones y la provisión de internet; la aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; las actividades vinculadas al balizamiento, dragado, amarre, estiba y remolque de buques; servicios aduaneros y migratorios, y demás rubros relacionados al comercio exterior; Y, también, “el cuidado de menores y la educación hasta el nivel secundario”.

Educación: el fin de los paros  

En el segundo semestre del año pasado, el actual diputado del PRO, Alejandro Finocchiaro, propuso el proyecto de ley que declara la educación como servicio esencial y tuvo media sanción. La iniciativa legislativa fija que en caso de declararse paro, el 30% del personal de la escuela deberá permanecer en sus puestos durante los dos primeros días de huelga. Luego, ese porcentaje se incrementa al 50% si se extiende la medida de fuerza. Además establece que las autoridades deben tener una “nómina anual del personal docente y no docente que estará afectado al cumplimiento” de esta medida.

Otro proyecto clave en el Senado fue presentado el 11 de marzo por los legisladores de la UCR Martín Lousteau y Maximiliano Abad y la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri donde se pretendió establecer a la educación como “servicio público esencial” en los ciclos de escolaridad obligatoria, garantizando el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades”. 

Con este proyecto, los senadores buscaban garantizar un mínimo de 75% de asistencia del personal docente y no docente que deba cumplir sus funciones en establecimientos educativos de la educación obligatoria. Además, proponen establecer el cumplimiento de la cantidad “mínima” de días de clase fijado por el Consejo Federal de Educación y las jurisdicciones en cada año lectivo.

Transporte: otro sector en la mira 

El proyecto liderado por el PRO entró a Diputados de la mano de legisladores Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal. 

“La presente ley se fundamenta en la necesidad imperiosa de poner fin a los abusos y extorsiones perpetrados por ciertos sectores sindicales“, afirmaron los diputados. 

De esta manera, buscan declarar al transporte público como recurso esencial con el objetivo de poner fin a los paros que “perjudican gravemente” a la sociedad argentina.

Sin embargo, advirtieron que la medida “no busca coartar el legítimo derecho de los trabajadores a realizar medida de fuerza” sino “garantizar que estas medidas se llevan a cabo de manera responsable y sin perjuicio a tercero“. 

“Al establecer la prestación mínima del servicio de transporte público, estaremos asegurando que los paros sean efectivos y no se conviertan en meros actos de vandalismo y extorsión“, aseguraron.